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jueves, 17 de abril de 2014

Consejo de Estado pide investigar al Eln por delitos de lesa humanidad

En el fallo, condenó a la Nación por la muerte de un comerciante en Teorama, Norte de Santander.




La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa, a pagar más de 876 millones de pesos por la muerte de un comerciante de carne en Teorama, Norte de Santander, a manos de guerrilleros del Eln. Según el fallo, el campesino, que años atrás había sido desplazado, fue obligado en octubre de 1997 a ir hasta la plaza del pueblo, donde fue asesinado por los subversivos frente a la comunidad.
El tribunal condenó al Ministerio de Defensa al considerar que debió garantizarle la seguridad. En el fallo citó “la obligación” contenida en el Convenio IV de Ginebra, que habla de “la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra”.
Al tiempo, le pidió a la Fiscalía revisar si “hay lugar a reabrir y continuar la investigación contra el grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (Eln), por presuntas violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
Señaló que esa guerrilla no solo pretendió “ajusticiar al ciudadano, sino que su accionar iba dirigido a amedrentar a la población civil, afectar sus condiciones de vida y ejercer control sobre la sociedad del municipio de Teorama”.
El comerciante había sido amenazado por vender carne a miembros de la Policía y del Ejército, por lo que debió desplazarse. Pero tras su retorno, fue asesinado. “El Estado debió desplegar toda su capacidad y medios para atender la amenaza o posible vulneración de los derechos, bienes e intereses de los ciudadanos del municipio de Teorama”, señaló el Consejo de Estado.
En el fallo, los magistrados dieron un fuero regaño al Ministerio de Defensa, que argumentó no tener responsabilidad en la muerte del comerciante. El Consejo de Estado señaló que la Fuerza Pública conocía la peligrosidad de la zona, y pese a eso -dice- optó por ausentarse totalmente y abandonó a la población a la “voluntad de los grupos insurgentes que actúan en la región”.
Agregó que la justificación de la Fuerza Pública fue “insolente” al decir que “no se podía pretender tener un agente para cada ciudadano”.
“No se protegió a la población civil y que se cedió el territorio para que los grupos armados insurgentes actuaran libremente en él, lo que implica una falla en el deber de precaución y prevención que incumbe a las fuerzas públicas y acarrea su responsabilidad”, se lee en un comunicado del Consejo de Estado.
A principios de este mes, el Consejo de Estado dio a conocer otro fallo en el que también condenaba a la Nación por el ataque de las Farc en Mesetas (Meta), y pedía a la Fiscalía estudiar una investigación por lesa humanidad contra las Farc, incluyendo a alias ‘Timochenko’, quien es hoy el máximo jefe de esa guerrilla.

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